Manifiesto de Demócratas Españoles por el Derecho a Decidir

Con ocasión del reciente lanzamiento del proceso soberanista por parte del Presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, se ha iniciado un interesante debate político sobre la existencia o conveniencia de un Derecho a Decidir, aún insuficientemente perfilado, pero inequívocamente orientado al ejercicio de la autodeterminación nacional.

Desde las instancias oficiales españolas se ha respondido fundamentalmente con argumentos de naturaleza jurídica, recordando que ni el derecho nacional ni el internacional proporcionan una base legal para el ejercicio de la autodeterminación nacional (salvo en el marco del proceso de descolonización, en el que, efectivamente, Cataluña no se inscribe). También se ha respondido que la independencia unilateral de Cataluña supondría su autoexclusión legal la Unión Europea, a la que actualmente pertenece por vía del Tratado de Adhesión de España.

Desde el realismo político, debe reconocerse la validez de estos argumentos, sin que quepa fingir su desconocimiento, ni apelar a supuestas dudas razonables, que no existen. Pero en una sociedad democrática, en la que un segmento significativo de la población alberga una aspiración política legítima, no basta con esgrimir argumentos jurídicos. El Parlamento tiene la facultad de cambiar las leyes, al menos las nacionales, por lo que es obligado oponer argumentos políticos de igual o superior valor. Cuando esa aspiración tiene, además, una fundamentación democrática—y este es el caso, ya que se concreta en una consulta a la ciudadanía por vía de sufragio universal—sólo cabe oponer argumentos de igual o superior valor democrático. Si no se hace, se empobrece la calidad de la democracia, y se genera desafección ciudadana.

Uno de los pocos argumentos democráticos apuntados en contra de la iniciativa de Artur Mas es que el conjunto de la ciudadanía española también tiene interés en esta cuestión—ya que su comunidad nacional puede quedar alterada—por lo que, de celebrarse un referéndum, se dice, debería celebrarse en toda España. No es un argumento despreciable porque defiende intereses que son legítimos, pero, en la práctica, supondría negar toda opción real a la ciudadanía catalana. Hay, por tanto, dos intereses legítimos pero incompatibles, y eso obliga a elegir.

Cuando se contrastan ambos intereses, lo primero que resalta es su asimetría. Por un lado está el interés en decidir quién pertenece a la comunidad política; por otro, está el interés de decidir a qué comunidad política pertenece uno. No hay duda de que este segundo interés es más íntimo y fundamental, por lo que, siguiendo una razón democrática, debería prevalecer. No parece haber duda de que es la opción menos injusta.

Sin embargo, el proceso soberanista planteado por el Presidente Mas muestra otra asimetría fundamental, y es la falta de reciprocidad, característica de los derechos democráticos. Si un ciudadano tiene libertad de expresión, debe reconocer a los demás la misma libertad. Si un partido político accede al poder por vía de unas elecciones convocadas por el rival, deberá, al término de su mandato, convocar unas elecciones que den a su rival la misma oportunidad. Cuando esa reciprocidad se niega, se quiebra el pacto básico que subyace a la democracia. Así ocurrió, por ejemplo, en las elecciones generales de Argelia de 1991, en las que la oposición islamista anunció que, de ganar las elecciones, acabaría con los procesos electorales, ya que la democracia era, a su entender, ‘blasfema’. Fueron muchos los demócratas que, con buen criterio, señalaron que, en esas condiciones, no debía reconocerse el triunfo electoral islamista.

El proceso soberanista catalán, planteado en los términos del Presidente Mas, adolece de falta de reciprocidad, porque, de perder el referéndum, nada le impedirá convocar otro (y otro, y otro, como ha ocurrido en Quebec). Y de ganarlo, obtendría la independencia definitiva de Cataluña, sin que una reversión posterior del sentimiento nacional tenga canales establecidos para una reintegración en España. Y a esta falta de reciprocidad se suma otra: el no reconocimiento a los municipios catalanes de la libertad de seguir formando parte de España si esa es la voluntad democrática mayoritaria expresada en el referéndum. Así pues, se exige de una entidad política mayor (el Estado) el derecho a decidir la secesión, y se niega ese mismo derecho a las entidades políticas menores (los municipios).

De estas consideraciones se infiere la necesidad de definir un modelo general de autodeterminación que sea verdaderamente democrático, en el sentido de que reconozca equilibradamente los derechos democráticos de todas las partes implicadas. La clave estaría un configurar un referéndum de doble nivel, que permitiese no sólo la autodeterminación respecto al Estado, sino también respecto de la entidad que estaría ejerciendo la autodeterminación. En el caso de Cataluña, se resumiría en dos reglas sencillas:

1. Si en el referéndum celebrado en Cataluña hay una mayoría en favor de la secesión, se formará un Estado independiente catalán.

2. Aquellos municipios donde haya una mayoría contraria a la secesión permanecerán integrados en España.

El proceso podría reproducirse a nivel de municipio, aunque sería en una fase posterior, y es posible no tuviera la suficiente demanda.

La crítica previsible a este sistema es que dejaría como resultado un territorio balcanizado y políticamente inviable. A eso cabe responder que no se produciría ese resultado si el cuerpo electoral consultado expresara una voluntad prácticamente unánime (de más de un 90%, por ejemplo), como cabría esperar de una población maltratada, o muy diferenciada culturalmente. Sólo si la voluntad de la población está dividida se producirá esa división territorial, y está bien que así sea, porque será entonces un reflejo democrático de la realidad.

Lo más probable es que un resultado semejante forzase, por su inviabilidad práctica, la negociación de una fórmula de compromiso que integrase los intereses esenciales de las partes, y en función de su respectivo peso. El resultado sería una solución democrática.

Con estos elementos podría definirse, en suma, un Derecho a Decidir que fuera verdaderamente democrático. El proceso lanzado por el Presidente Mas no reúne los requisitos para merecer este calificativo, ya que niega a las demás entidades implicadas (Estado y municipios) el derecho que reclama para sí. Lo que Mas exige es, en realidad, un Privilegio de Decidir, y los privilegios tienen difícil encaje en las sociedades democráticas.

Es de prever que desde posiciones nacionalistas se rechace este modelo de autodeterminación democrática invocando la esencia indisoluble de la nación catalana, mientras se seguirá negando toda esencialidad a España y a los municipios. Pero el modelo aquí propuesto se ha construido únicamente a partir de principios democráticos, haciendo abstracción de las categorías políticas de Estado, nación, y soberanía, plasmados en los textos legales. Si se ha prescindido de estas categorías cuando están jurídicamente objetivadas, con tanta mayor razón habrá de prescindirse de ellas cuando son sólo conceptualizaciones subjetivas.

Esta es, al menos, la posición que cabe esperar de un demócrata coherente. Confiamos en que en Cataluña haya multitud de ciudadanos con una sincera voluntad democrática, por lo que les animamos a que aborden la definición de su identidad desde esta coherencia democrática.

¿Dónde está la izquierda en Cataluña?

Fuente: Lidia Falcón en Público.es

Cuando en 1963 el responsable de la célula del PSUC (Partit Socialista Unificat de Catalunya) en que yo militaba nos ordenó manifestarnos en la Plaza de Catalunya de Barcelona el 11 de septiembre, en homenaje al Conseller Casanovas, a pesar de mi corta edad supe que aquella era una estrategia equivocada. ¿Por qué teníamos los comunistas que arriesgarnos a la detención, la tortura y la prisión –como nos sucedió a tantos– por homenajear a un representante de la más rancia aristocracia que únicamente pretendía mantener su viejo poder en el nuevo Estado moderno que se advenía? ¿Qué significado tenía defender los privilegios y los bienes de un boyardo como el Casanovas, que ni siquiera había muerto en la supuesta heroica defensa de la ciudad? ¿Qué interés tenía para los ideales de socialismo e igualdad de los trabajadores los planes económicos y sociales de la aristocracia catalana de 1714 que se aliaba con el más reaccionario de los pretendientes de la corona española?

Tales preguntas no merecieron respuesta por parte de mis responsables partidarios y sí la fulminante admonición de que las directrices del partido no se discutían. De aquellos polvos vienen estos lodos. Preso el PSUC de la presión de los nacionalistas, que entonces eran un puñado de burgueses que conspiraban en Bruselas para que las condiciones de entrada en el Mercado Común les fueran favorables y a los que Carrillo y López Raimundo adulaban en la forma más servil, los militantes de base comunistas fuimos apaleados, detenidos, juzgados y encarcelados cada año por participar en aquella minúscula manifestación de la Diada de Catalunya, que tenía más policías que manifestantes y en la que jamás vi ni a Jordi Pujol ni a Heribert Barrera ni a ninguno de los que se muestran ahora tan agresivamente separatistas.

Cuando los siglos pasen y los historiadores investiguen y recopilen los desdichados acontecimientos de más de medio siglo de historia española se asombrarán de cómo la izquierda se ha suicidado en España y especialmente en Catalunya. Aquel PSUC que recogió, él solo, 500.000 votos en 1977, hoy no existe y en su lugar veo cómo balbucea patéticamente en televisión un representante de Iniciativa per Catalunya –no puede haber nombre más ambiguo– pidiendo el derecho a decidir.

¿A decidir quién? ¿La burguesía catalana que desde 1939 –cuando acudió precipitadamente a Burgos para obtener alguna de las ventajas económicas que se estaban llevando los latifundistas andaluces y los industriales vascos que habían llegado primero– ha sido una aliada del capital español y europeo? ¿Los arribistas de toda laya que en contubernio con las antiguas familias de la oligarquía española y con el apoyo de los jerarcas franquistas se hicieron con los principales negocios del textil, de la construcción, de la pequeña metalurgia, de la química, de la farmacéutica, al terminar la Guerra Civil? Ya sabemos que Cambó, cuando después de su aparente firmeza defendiendo la independencia de Catalunya comenzó a echar cuentas de la pérdida de exportaciones al resto de España –cuestión esta que también debería explicarse– publicó un cobarde panfleto titulado Per la Concordia, y así enseguida que ganó la guerra Franco, la burguesía catalana se echó en sus brazos.

El engaño con que Artur Mas y compañía, los Pujol, los Millet, los Montull, los Maragall, los Serra, los Roca, –aquí también tenemos apellidos ligados al PSC– están arrastrando a los trabajadores en Catalunya a manifestarse en reclamación de una independencia que únicamente a ellos puede reportarles beneficios –y eso está todavía por ver– es tan patético que, en mi desánimo rayano en la desesperación, me pregunto: ¿Dónde está la izquierda en Catalunya? Sigue, cincuenta años más tarde, manifestándose el 11 de septiembre ante la estatua del boyardo Casanovas, héroe de la patria, y marcando el paso que le ordena la burguesía catalana.

Porque nadie –excepto, en estas páginas, Vincenç Navarro– ha explicado lo que supone la reclamación de la independencia para los trabajadores y las clases que no son poseedoras de los medios de producción, y por ello no voy a repetir las cifras de la explotación de los obreros y de los beneficios de los burgueses; pero sí añadiré un dato. No solamente en este momento Catalunya tiene una deuda pública de casi 50.000 millones de euros, la más alta de todas las autonomías, producto de los despilfarros, estafas, apropiaciones indebidas y necedades que han cometido todos los políticos que han gobernado el país desde hace 36 años –véase, para empezar, Banca Catalana, Casinos de Catalunya, Escuelas de Formación Profesional, Juegos Olímpicos, Fórum de las Culturas, Palau de la Música– y que han llenado los bolsillos de los implicados y nutrido al principal partido CIU, sino que en caso de independizarse debería hacerse cargo de su parte proporcional de la del Estado español, que dada la riqueza del país es del 18%. Cuestión esta que muy cuidadosamente ocultan los Mas, Pujol y compañía, y que en este momento asciende a la astronómica cifra de 150.000 millones de euros.

De tal modo, si hoy Catalunya se hiciera secesión de España, tendría sobre sí la losa de 200.000 millones de euros de deuda pública que debería devolver esquilmando los bolsillos de sus trabajadores. (No pensará nadie que el Sr. Mas, que lo primero que ha hecho ha sido eliminar el impuesto de sucesiones y que antes que subir las cargas tributarias a los ricos ha eliminado ambulatorios y escuelas, iba a pagar de su bolsillo y de los de sus socios semejante deuda)

Pero como dice tan cínica e ingeniosamente Jonathan Swift, dada la natural tendencia de los pueblos a dejarse engañar por sus gobernantes, muchos obreros, estudiantes, mujeres, jubilados, funcionarios, sin bienes y sin trabajo, están uniéndose a las proclamas populistas de los dirigentes de CiU y de ERC, que les aseguran que la independencia de Catalunya les otorgará un futuro preñado de bienestar y de riqueza. Porque ya se sabe que cuando Madrid devuelva todo lo que le roba a Catalunya –y lo tendrá que hacer con los impuestos de los murcianos, los castellanos manchegos, los andaluces, los extremeños, cuya renta per cápita no llega al 75% de la de los catalanes, porque nadie imaginará ni a Mariano Rajoy ni a Emilio Botín pagando de su bolsillo la deuda catalana– lo repartirá entre los trabajadores, que ya se sabe que ésta es la conducta histórica de los burgueses: repartir su dinero entre los pobres.

Vicenç Navarro ya nos ha ilustrado en este periódico sobre las cifras de inversión pública en Catalunya, que son más bajas que la media española, enseñándonos con ellas la mezquindad, tacañería y habitual extracción de plusvalía de las clases burguesas en esa comunidad. Es por tanto lamentable que la izquierda en Catalunya no solo no lea la información de Navarro, sino que, un poco instruida en las relaciones del capital y el trabajo que ya hace más de siglo y medio descubrió Carlos Marx, no denuncie rotundamente esta maniobra de los oligarcas, burgueses, boyardos, corruptos y aliados de los políticos españoles, que únicamente quieren seguir acumulando capital, ya sin detraer de sus beneficios ni la mísera cuota que va a parar a los campesinos manchegos y andaluces.

Resulta lamentable que la izquierda catalana –si es que existe– ignore estos datos, y aún más triste es comprobar los argumentos mezquinos con que los representantes de quienes se llamaron comunistas alientan en los trabajadores catalanes, cada día más pobres –tres millones y medio de ellos no han nacido ni ellos ni sus padres en Catalunya y no tienen el catalán como lengua materna, y para más de medio millón ni siquiera lo es el castellano– la insolidaridad y la tacañería con los trabajadores de los demás países de España, cada día más miserables. “Todo para nosotros”, gritan, “si no pagamos las cuotas que nos exige el Estado español tendremos más para quedarnos en casa nostra”. Y con qué habilidad han hecho desaparecer de la información los escandalosos beneficios y sueldos y bonos y jubilaciones de los directivos de Caixa Catalunya –dirigida muchos años por los Narcís Serra de rancia estirpe– de los de la Caixa, del Banco de Sabadell, de Autopistas, y el robo descarado del Palau de la Música, cuyo principal responsable, Lluís Millet sigue paseándose por Barcelona en compañía de Montull y de sus cómplices, que obtuvo la impunidad pagando las cuotas previstas a CiU, partido que le amparaba.

¿Y qué se hizo de la petición de responsabilidades acerca de la gravísima acusación que lanzó nada menos que Pascual Maragall, secretario general del PSC, y entonces nada menos que president de la Generalitat, a Artur Mas, jefe de la oposición, secretario general de CiU, nada menos que en sesión plenaria del Parlament de Catalunya, retransmitida en directo por la televisión y la prensa de todos los países, de que el gobierno de CiU había cobrado el 3% de comisiones de todas las obras, eventos y concesiones que permitió en Catalunya; acusación a la que Mas se limitó a replicar que a partir de aquel momento ya no era amigo de Maragall? ¿Dónde está la responsabilidad de la izquierda catalana que se ha resignado pacíficamente a dejar enterrar en el olvido la corrupción de los más destacados líderes de la derecha que están esquilmando el país, mientras todas sus reclamaciones se dirigen contra los políticos del resto de España para que éstos estrangulen un poco más a sus ciudadanos a fin de pagarle a la burguesía catalana la deuda fiscal?

Ya no se trata de luchar contra la explotación de clase, de razas y de sexo, por parte de las clases poseedoras. Obreros, emigrantes, mujeres maltratadas, madres sin pensión alimenticia, trabajadoras subempleadas, estudiantes, funcionarios sin trabajo, sin vivienda, sin opciones de futuro, mientras las cincuenta familias burguesas siguen embolsándose los beneficios de la explotación de su pueblo, están llamados a manifestar ardientemente su patriotismo, que como decía sabiamente Samuel Johnson, es el último refugio de los canallas.

En 1994 publiqué Trabajadores del mundo, ¡rendíos! (Ed. Akal, Madrid) donde premonitoriamente exponía la estrategia del capital para desunir y derrotar a la clase obrera que amenazaba su poderío. Pues bien, ya lo ha conseguido. En vez de la Federación de Trabajadores, en vez de la Unión del Movimiento Feminista, en toda la Península Ibérica, contra el capital, vamos a apoyar a los Mas y Pujol y Maragall, enarbolando la estelada. Como hicieron en 1914 los trabajadores franceses y alemanes acudiendo como zombis al llamamiento de las burguesías europeas para que se mataran entre ellos en beneficio de aquellas. Hoy no se armarán las metralletas, pero sí se están enconando los odios y las iras, las miserias y las ignorancias de los ciudadanos catalanes y del resto de España para ocultar la depredación cada vez mayor a que las oligarquías del país nos están sometiendo. Y esta repetición, siglo tras siglo, de las mismas estrategias para engañar, dominar y esclavizar a los trabajadores, es muy triste.

No olvidemos que para el Sr. Artur Mas, Catalunya puede ser un Estado con la misma monarquía borbónica que nos invadió en 1714 y que mantuvo Franco a su vera. Y desde la izquierda no se oye reclamación alguna de la República, aunque el PSC, siguiendo su ambigua y atemorizada trayectoria centenaria, al igual hoy que ICV, se pronuncia por la federación sin que nadie explique cómo se puede arbitrar una monarquía federal.

Y ni siquiera le han explicado a los millones de trabajadores que quieren engañar que si Catalunya se declara independiente por su cuenta no entraría en la Unión Europea y, en consecuencia, no solamente no obtendría beneficio alguno de la separación sino que se encontraría en más precaria situación que la actual.

La foto no aparecía junto al artículo original, es aportación de Nonius451.

La Fiscalía italiana pide juzgar a siete responsables de S&P y Fitch

Y en España, a qué esperamos?

Fuente: El Mundo.es

La Fiscalía de Trani, ciudad situada en el sur de Italia, ha solicitado juzgar a siete responsables de las agencias de calificación Standard & Poor's y Fitch por un supuesto delito de manipulación de mercado.

Cinco de esos responsables pertenecen a S&P y los otros dos a Fitch. No obstante, la fiscalía ha solicitado que se archive la causa en el caso de los dos responsables de Moody's que estaban bajo investigación.

La institución reclama juzgar, entre otros, a Deven Sharma, presidente del servicio financiero de S&P entre 2007 y 2011, y a David Michael Willmoth Riley, director operativo de los 'ratings' de Fitch.

Según la Fiscalía, los responsables de S&P pusieron en marcha una serie de "artificios" entre mayo de 2011 y enero de 2012, tanto al elaborar como al difundir la calificación de la deuda soberana italiana, "idóneos para provocar" una "desestabilización de la imagen del país en los mercados financieros, una alteración del valor de sus títulos de Estado y un debilitamiento del euro".

Esos artificios "suministraban de forma intencionada a los mercados financieros una información tendenciosa y distorsionada sobre la fiabilidad crediticia italiana y las iniciativas de saneamiento y relanzamiento económico adoptadas por el Gobierno italiano, para desincentivar la compra de títulos de deuda y devaluar su valor".

En el caso de los responsables de Fitch, la Fiscalía les acusa de manipulación de mercado con agravantes porque entre el 10 y el 18 de enero de 2012 emitieron anuncios de una inminente rebaja de la nota de la deuda italiana, que no fue emitido de forma oficial hasta 11 días más tarde.

De este modo, según los fiscales, "fueron divulgados con el mercado abierto informaciones que debían permanecer reservadas e idóneas para provocar una alteración del precio de los instrumentos financieros".

La petición de enjuiciamiento para los responsables de S&P y Moody's llega tras dos años de investigaciones coordinadas por la Fiscalía de Trani a raíz de las denuncias presentadas por dos asociaciones de consumidores italianas.

En el marco de las pesquisas se llevaron a cabo diferentes registros y acciones de "verificación" por parte de la policía italiana en la sedes que las agencias tienen en Italia.

 

El malvado Chavez

Rueda de prensa de Chavez, hablando de Siria. Este es el demagogo populista odiado por la prensa occidental.

La realidad catalana en España

Espero que este video de mucho que hablar. Lo recomiendo

El Cantón de Cartagena

Fuente: Wikipedia

En julio de 1873, Cartagena (Murcia) se declaró independiente y se mantuvo así durante seis meses entre 1873 y 1874, durante la llamada Revolución cantonal.

Mientras en las Cortes se eternizaba la elaboración del proyecto de Constitución Federal (con 17 estados incluyendo Cuba y Puerto Rico), el 12 de julio de 1873 estalló la insurrección en Cartagena, siendo este el inicio de la Revolución cantonal. Federales intransigentes tomaron el Ayuntamiento de forma pacífica y nombraron una "Junta de Salud Pública", apoderándose del arsenal, de las baterías de la costa y del puerto, donde estaba estacionada la mayoría de la flota española, la cual se unió a la sublevación: entre otras, las fragatas blindadas Numancia, Tetuán, Vitoria y Méndez Núñez (cuatro de las siete fragatas blindadas que poseía en ese momento España), la fragata de hélice Almansa y el vapor Fernando el Católico, rebautizado como Despertador del Cantón, que se hallaban en el puerto. Más tarde sus tripulaciones serían consideradas por los centralistas como piratas según decreto del 26 de julio de 1873. Posteriormente se unieron otras, como el vapor El Vigilante (en una expedición sobre Alicante), la fragata de hélice Villa de Madrid o el Isabel II. Estos dos últimos sin maquinaria, por lo que efectuaron labores de defensa del puerto y cárcel, respectivamente.

El general Contreras asumió el mando militar de las fuerzas sublevadas, y los cantonalistas elegían como jefe del Cantón a Roque Barcia. Los marineros y algunos oficiales decidieron unirse a la revolución, y a los que no lo hicieron se les dejó marchar libremente. Otro de los líderes del Cantón de Cartagena fue el torreagüereño Antonete Gálvez, progresista de origen humilde que entonces era diputado a Cortes por la provincia, que se unió al Cantón de Cartagena tras proclamar el de Murcia.

El mismo día que se declara el Cantón, los cantonalistas cartageneros toman el castillo de Galeras. Izan una bandera roja y dan un cañonazo como señal previamente acordada, para indicar al Almansa que se han tomado las defensas y puede sublevarse junto al resto de la escuadra. En realidad, a falta de una bandera roja por completo, se iza una bandera turca. Enseguida se retira la bandera a falta de pintura roja, y para evitar confusiones que llevan a pensar que han perdido el control del castillo, un sublevado se corta en el brazo voluntariamente y con su sangre tiñe la media luna y la estrella. Cuando las noticias llegan al Capitán General, este transmite a Madrid desde la estación de La Palma su famoso telegrama: "El Castillo de Galeras ha enarbolado bandera turca".

La Junta del Cantón de Cartagena proclamó: "Cartageneros: los que por la voluntad de la mayoria del pueblo republicano de esta localidad, hemos constituido la Junta de Salud Pública de la misma, tenemos el deber de hacer una declaración categórica de nuestras miras, de nuestros principios y de los intereses que defendemos, y que tratamos de resguardar para bien de la República y para la salvación de la Patria". Así mismo, la Junta reclamó "que se lleve a efecto la formación del Cantón Murciano, con la autonomía municipal y Cantonal", lo que evidencia la intención de establecer un estado federal regional y forzar a la República a establecer una federación desde abajo mediante la Constitución. En medio del levantamiento cantonal, el proyecto de constitución fue rechazado por las Cortes y el presidente Pi y Margall tuvo que dimitir, acusado de complicidad. El Cantón cartagenero, bien pertrechado gracias a las armas del Arsenal y a la posesión de la flota, acuñó moneda propia y resistió los ataques de las tropas del Gobierno, llegando incluso a diseñar planes educativos que nunca se llevarían a cabo. Se decretó el divorcio y se derogó la pena de muerte. Al igual que en otros cantones, se suprimieron los monopolios, se reconoció el derecho al trabajo, la jornada de ocho horas y se terminó con los impuestos sobre consumo (derecho de puertas).

El Cantón dispuso de su propio periódico, llamado "El Cantón Murciano".También se creó una distinción denominada "Medalla Laureada del Cantón de Cartagena" entregada a aquellos que hubiesen demostrado su valor y su entrega a la causa cantonal.

Los cantonales organizaron expediciones por tierra y mar para extender la revolución cantonal. En tierra, se dirigieron marchas sobre numerosos puntos del sudeste, como Lorca, Hellín y Orihuela (en la que tuvo lugar la Batalla de Orihuela), y una marcha sobre Madrid que fue desbaratada en Chinchilla. Con la flota que quedó en su poder al proclamarse el Cantón, se dirigieron expediciones marítimas a Valencia, Málaga, Alicante, Torrevieja, Águilas, Mazarrón o Vera, con diferente suerte, para extender el cantonalismo y también conseguir financiación y víveres.

El 23 de julio, Antonio Gálvez Arce volvía de Alicante, donde se había hecho con el vapor de guerra El Vigilante. Se cruzó con Reinhold von Werner al mando de la SMS Friedrich Carl alemana, quien le ordenó detenerse, orden que fue ignorada para atracar en Torrevieja. Al día siguiente, la SMS Friedrich Carl estaba esperando en las cercanías de Cartagena la llegada de El Vigilante y lo capturó, alegando el decreto de piratería del gobierno central del 20 de julio y que enarbolaba un pabellón no reconocido internacionalmente, la bandera roja del Cantón. El Vigilante, fue enviado a Gibraltar y posteriormente devuelto a las fuerzas gubernamentales tras largas negociaciones, mientras que Gálvez y la tripulación fueron desembarcados en Cartagena. Los cantonalistas consideraron declarar la guerra a Alemania tras la captura, pero finalmente optaron por no hacerlo, entre otras cuestiones porque esta captura se realizó sin la autorización de Berlín.

En otra de estas salidas dos fragatas cantonales, la fragata de hélice Almansa y la fragata blindada Vitoria, salieron de Cartagena «hacia una potencia extranjera» (es decir, a Almería), para recaudar fondos. Al negarse la ciudad a pagar, fue bombardeada y tomada por los cantonalistas, quienes se cobraron ellos mismos el tributo. Después se dirigieron a Málaga para tratar de atraer a la ciudad a la causa cantonalista, pero el 1 de agosto de 1873 el SMS Friedrich Carl y el ironclad británico HMS Swiftsure, de nuevo bajo el mando de Reinhold von Werner, capturaron a los buques cantonales en virtud del decreto del gobierno español que declaraba piratas a las fuerzas navales del cantón, pero sin recibir autorización ni de Londres ni de Berlín. En el enfrentamiento, las fuerzas anglogermanas, capturaron sin casi oposición ambos buques, devolviéndolos posteriormente de nuevo tras arduas negociaciones a las fuerzas gubernamentales en Gibraltar. La poca oposición a la captura se debió a que a bordo de la Almansa se encontraba el general Contreras, uno de los líderes de las fuerzas cantonalistas y a que se trataba de una fragata de madera frente a dos blindadas, razón que también motivó que la Vitoria se rindiera sin oponer resistencia para evitar represalias contra el general y los 400 tripulantes de la Almansa.

Como consecuencia de las frecuentes expediciones de la flota cantonal, tuvo lugar el Combate naval de Portmán el 11 de octubre entre España y el Cantón. Una mala disposición de las naves obligó a que la flota cantonalista se viese forzada a retirarse a Cartagena con la fragata Méndez Núñez dañada. Como consecuencia de esto, los centralistas intentan sitiar Cartagena por mar, pero el día 13 la flota cantonal vuelve a salir con una correcta disposición y obliga a que los barcos centralistas cesen en su empeño y se retiren.

En agosto, el Cantón de Cartagena es sitiado por los centralistas. La ciudad entera está amurallada y hay baterías de defensa en las colinas circundantes. Los bombardeos son habituales, y se corta el suministro de agua y alimentos. El 30 de diciembre de 1873 tras un incendio que se sospechó fue obra de un saboteador, la fragata cantonal Tetuán se hunde en el puerto de Cartagena. El 6 de enero de 1874, no se sabe si debido a un proyectil, a un sabotaje o a una imprudencia, el Parque de Artillería, donde se refugiaba parte de la población civil (mujeres y niños principalmente), explotó matando y dejando sepultadas bajo sus escombros a más de trescientas personas según los cálculos cantonalistas, o a más de dos mil según la prensa extranjera. Fue el suceso más devastador para la población civil de la historia de España.

Los gobiernos extranjeros de Francia, Alemania o Inglaterra envían embajadas a Cartagena para actuar como intermediario entre el Cantón y el gobierno central de España.

El gobierno cantonal se pone en contacto con los Estados Unidos, que están en pleno proceso expansionista para solicitar la entrada a la Unión y piden ayuda contra los centralistas. Estados Unidos llega a estudiar la propuesta pero el Cantón se rinde antes de recibir una respuesta.

La situación es cada vez más insostenible, hay muertos en las calles y escasean los alimentos, por lo que se opta por desalojar a mujeres y niños. Los centralistas toman la batería de Los Dolores y atacan con ella la ciudad. Se calcula que lanzaron una media de 1.200 proyectiles al día. Posteriormente toman las baterías que rodean la ciudad y penetran en la bahía del puerto. Así, después de seis meses de asedio de Cartagena, y cuando la Primera República había sido sustituida por un Gobierno provisional al mando del general Serrano, el general López Domínguez consiguió la rendición de la plaza (12 de enero de 1874), lo que supuso la condena a muerte de los rebeldes o su exilio, generalmente a Argelia. La historia del asedio y del final del cantón fue reflejada por Ramón J. Sender en su novela Mr. Witt en el cantón y por Benito Pérez Galdós en el episodio nacional De Cartago a Sagunto.

Tras el intenso asedio la ciudad fue devastada. Se calcula que, tras el bombardeo, más del 70% de los edificios de la ciudad habían sido destruidos o presentaban graves daños; según otros cálculos 327 edificios fueron destruidos completamente y unos 1.500 con grandes destrozos, entre ellos el ayuntamiento y la catedral, y solo 27 edificios en toda la ciudad quedaron intactos.

Las incongruencias del independentismo catalán

Gracioso debate en una televisión catalana de Pilar Rahola con un aranés, por ver quién decide sobre el futuro de los osos del Pirineo...

Me recuerda cuando la zona resisdencial madrileña de La Moraleja quería independizarse de la localidad de Alcobendas. La situación ha cambiado. Podríamos decir que ahora hablamos de Cataluña (La Moraleja) y Extremadura-Andalucía-Castilla... (Alcobendas). Qué casualidad,los ricos y los pobres, de nuevo.

El debate es curioso, porque Pilar Rahola no tiene una salida medianamente lógica que defender. Los araneses tienen tanto derecho de autodeterminación como los catalanes. la diferencia es que los araneses no tienen al New york times o al Washington Posts o a la BBC hablando sobre su independencia...por ahora.

Stiglitz: con las políticas en España y Europa, “no hay luz al final del túnel”

Fuente: ElMundo.es

Las actuales políticas aplicadas en España y en el conjunto de Europa no ofrecen una respuesta a la actual crisis, ya que, a pesar de una mayor estabilidad a nivel global, las cosas están peor ahora que hace cinco años, según afirma Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía de 2001, quien advierte de que si no hay cambios "no hay luz al final del túnel".

"Todos los túneles tienen un final. Espero que Europa cambie. Pero cualquiera que analice las cosas correctamente diría que hoy estamos peor que hace cinco años. No hay base para decir que estamos más cerca del fin de la crisis", señala el economista estadounidense en una entrevista a la revista 'Capital'.

"Si las actuales políticas siguen siendo las mismas, y no solo en España sino en Europa en general, creo que no hay luz al final del túnel", advierte el Nobel de Economía de 2001 y uno de los principales críticos de los planes de austeridad recetados a las economías europeas en dificultades.

De hecho, el Nobel advierte que, a pesar de que reformas como la armonización fiscal, la mutualización de deudas y la unión bancaria pueden salvaguardar el futuro del euro, se aprecia "escasa voluntad política", ya que los políticos europeos "no entienden el rol de los bancos y no saben lo que hacen".

Así, el economista estadounidense advierte de que cuanto más tarde Europa en solventar sus problemas, más débil será el sistema financiero español y más necesaria será la ayuda para España, donde considera que "el futuro es muy preocupante", particularmente por el desempleo juvenil.

A este respecto, Siglitz reitera la dificultad de reducir el desempleo con las actuales políticas, aunque apunta que si la economía vuelve a crecer, se recuperará parte del empleo perdido.

"Por eso me preocupa que Europa y Alemania estén poniendo en peligro el futuro de España", afirma el Nobel de Economía, quien señala que "incluso el éxito de España a partir del año 2000, era un reflejo del fracaso del euro".

"El euro estaba basado en la hipótesis de que los mercados son eficientes y estables. Todas las evidencias de los últimos 200 años de capitalismo apuntan en la dirección contraria", explica.

La estafa de la deuda pública

Fuente: Vincenc Navarro

Según el pensamiento dominante en los establishments financieros, políticos y mediáticos que configuran la sabiduría convencional en el conocimiento económico, la deuda del Estado español (aproximadamente un 90% del PIB) se debe al excesivo gasto público realizado en el país durante los años de bonanza en los que se despilfarró el dinero público. Y para confirmar tal aseveración se citan casos como el del AVE, que en muchas partes de España apenas tiene pasajeros, o las carreteras que no llevan a ninguna parte y muchos otros ejemplos de derroche de dinero público que –según la sabiduría convencional- nos han llevado a la crisis actual. Un indicador de tal crisis es la elevada prima de riesgo que el Estado español tiene que pagar para poder conseguir dinero de la banca, pues ésta (conocida como los mercados financieros) está dejando de tener la confianza en la capacidad del Estado en poder pagar los intereses de su deuda pública. De ahí la necesidad de recortar gasto público a fin de disminuir el déficit y la deuda pública y recuperar así la famosa “confianza de los mercados”, la frase más utilizada en la narrativa oficial de los gobiernos español y catalán para justificar sus recortes presupuestarios.

La gran estafa

El crecimiento de la deuda pública, sin embargo, tiene muy poco que ver con la supuesta exuberancia del gasto público. En realidad, el gasto y empleo público español, incluyendo el catalán, son los más bajos de la UE-15. Sólo un adulto de cada diez trabaja en el sector público en España (en Catalunya no se llega ni a este ratio). En Suecia, es uno de cada cuatro. La hipertrofia del sector público, que según el dogma neoliberal dominante está ahogando la economía española, es una de las falsedades más notorias que se transmite con mayor frecuencia en los mayores medios de información. Los datos, fácilmente accesibles, muestran precisamente lo contrario. El Estado en España (y en Catalunya) es uno de los más pobres de la Unión Europea de los Quince, UE-15. Ahora bien, los economistas de FEDEA, los gurús mediáticos –como Xavier Sala i Martín y otros- continuarán, contra toda la evidencia existente, subrayando que la raíz del problema que tiene España, incluyendo Catalunya, es su excesivo gasto público, que –según ellos- ha generado el gran crecimiento de su deuda pública.

La causa real del crecimiento de la deuda

La causa más importante (y más silenciada por los medios) de la elevada deuda pública en España ha sido el dominio de la banca –y muy en especial de la banca alemana- y de las fuerzas neoliberales que ésta promueve en el diseño del euro y su sistema de gobierno. Veamos los datos. Tales fuerzas establecieron un Banco Central que no era un Banco Central, sino que era un enorme lobby de la banca. Lo que hace un Banco Central en un país es imprimir dinero y con este dinero compra deuda pública a su Estado, de manera que si los intereses de sus bonos se disparan porque el Estado tiene dificultad para venderlos, el Banco Central entra y compra muchos bonos, con lo cual los intereses bajan. El Banco Central está ahí para defender a su Estado frente a la especulación de los mercados financieros. En contra de lo que se dice y de lo que se escribe, los intereses de la deuda los decide un Banco Central, no los mercados financieros.

Ahora bien, cuando se estableció el euro, el Estado español perdió tal capacidad de imprimir dinero y comprar deuda pública. Se delegó tal autoridad al Banco Central Europeo, que sigue imprimiendo dinero pero no para prestarlo al Estado español (la compra de deuda pública, en la práctica, es un préstamo al Estado), sino para prestarlo a la banca privada a unos intereses bajísimos (menos de un 1%). Y es esta banca privada la que compra deuda pública a unos intereses elevadísimos (un 6% o un 7% en el caso español o italiano). Es un negocio redondo para la banca. El chanchullo del año. La banca, incluyendo la banca alemana, se ha forrado de dinero durante todos estos años. Nunca les había ido tan bien. Chupaban la sangre (los altos intereses de la deuda pública) al Estado, y cuando éste parecía que iba a desmayarse o morir, entonces (y sólo entonces), el Banco Central Europeo le prestaba dinero al Estado, es decir, le compraba deuda pública para que continuara viviendo, a fin de que la banca privada, como sanguijuela, pudiera continuar chupándole la sangre (es decir, su dinero).

Este entramado, en el que el BCE da dinero a la banca privada a unos intereses bajísimos, se justifica con el argumento de que así se garantiza el crédito necesario para las familias y para las empresas medianas y pequeñas (que crean la mayoría de puestos de trabajo). Pero el crédito ni está ni se le espera. En realidad, a pesar de que el BCE ha dado desde diciembre de 2011 más de un billón de euros (sí, un billón de euros) a la banca privada (la mitad de este billón fue a la banca privada española e italiana), el crédito continúa escaso, pues la banca tenía otras inversiones (como comprar deuda pública) mucho más rentables que la de ofrecer crédito.

Cualquier persona normal y corriente se preguntará, ¿por qué el BCE no prestó este dinero a los Estados de la Eurozona en lugar de prestarlo a la banca para poder financiarse sin necesidad de pagar unos intereses tan elevados a la banca privada? Por extraño que parezca, nadie en la estructura de poder que gobierna la Eurozona se planteó, hasta hace muy poco, esta pregunta. Y ello, como resultado de estar imbuidos en el dogma neoliberal, que es la ideología promovida por el capital financiero, es decir, por la banca (además de las compañías de seguro, fondos de alto riesgo y un largo etcétera).

Si el BCE hubiera prestado el dinero al Estado español, en lugar de éste tener que pedirlo a la banca privada, el Estado hubiera ahorrado muchísimo dinero. El Estado, en lugar de pagar unos intereses al 6%, hubiera pagado al 1% (como pagan los bancos para obtener dinero del BCE), ahorrándose muchísimo, pero muchísimo dinero, sin que hubiera aparecido el problema de la deuda pública, y sin que se hubiera necesitado hacer ningún recorte de gasto público. Hoy, uno de cada cuatro euros que el Estado se gasta va para pagar su deuda pública, predominantemente a los bancos. Si hubiera recibido dinero directamente del BCE no habría habido ninguna necesidad de hacer recortes.

El economista Eduardo Garzón ha calculado (en su artículo “Situación de las arcas públicas si el estado español no pagara intereses de deuda pública”) lo que el Estado español tendría como deuda pública (desde 1989 a 2011) si hubiera tenido un Banco Central que le hubiera prestado dinero al 1% de interés, sin tener que recurrir a la banca privada pagando los elevadísimos intereses que ha pagado. Pues bien, la deuda pública sería hoy un 14% del PIB (sí, ha leído bien, un 14%) en lugar de un 90%. Este es el enorme coste al Estado español de haber tenido el sistema de gobernanza del euro tal como ahora existe, sistema de gobernanza que se diseñó para optimizar los intereses de la banca a costa de los intereses de la población y de su Estado. Hoy España, incluyendo Catalunya, no tendría los problemas que tiene si hubiera tenido un Banco Central propio digno de su nombre, o hubiera tenido un Banco Central Europeo que hubiera sido un Banco Central.

Las injusticias del sistema actual

El sistema de gobierno del euro es, además de sumamente ineficiente, profundamente injusto, pues está originando un proceso redistributivo enormemente regresivo en el que la gran mayoría de la población está pagando con impuestos el pago de los intereses de la deuda pública del Estado, y con ello está transfiriendo a los súper ricos (que compran los bonos a través de los bancos) dinero para pagarles lo que el Estado les debe al haber comprado deuda pública. Esta transferencia de dinero se realiza también a nivel de la Eurozona, de manera que los países que tienen que pagar intereses de la deuda más altos (los países del Sur) los pagan a los bancos del Norte (que han invertido cantidades muy significativas de su capital en comprar deuda pública de tales países que generan unos intereses exuberantes, alcanzando unos beneficios estratosféricos). Alemania tiene 200.000 millones de euros en tal tipo de inversiones en España. En realidad, los famosos 100.000 millones de euros que la Unión Europea puso al alcance de España para “salvar sus bancos” era, en realidad, dinero (aprobado por el Parlamento Alemán) para salvar a los bancos alemanes (tal como han reconocido varios economistas asesores del gobierno alemán) que estaban con el agua al cuello debido a la deuda pública y privada española, ya que tenían pánico a que no les pudieran pagar. Será el pueblo español el que pagará los 40.000 millones que el Estado ha pedido para pagar tal deuda, situación que es profundamente injusta. Si después de leer este artículo usted, lector, no está indignado, es señal de que, o bien es usted parte del problema o es que no me he explicado bien. En este caso, le aconsejo lea el libro de Juan Torres y yo, Los Amos del Mundo. Las armas del terrorismo financiero donde expandimos lo que brevemente presento en este artículo. Pero créame que hay causas para estar más que indignado. Hoy se está desmantelando el escasamente financiado Estado del bienestar en España, incluyendo en Catalunya, para que los bancos puedan comprar su deuda pública, la cual consiguieron diseñando un sistema en que sus beneficios, que afectan a un sector superminoritario (lo que los indignados estadounidenses Occupy Wall Street movement llaman el 1%) se realice a costa de la miseria de todos los demás. Así de claro. Léase el libro y lo verá.

¿Quién mantiene a los nazis griegos?

Los nazis griegos hacen ‘distribuciones de comidas, servicios de asesoramiento para la búsqueda de trabajo, visitas a residencias de ancianos…’ La pregunta obvia es: ¿Quién paga todo eso?

Fuente: El Pais.es

El partido Aurora Dorada, con 18 diputados, ha tejido una gran red para asistir al ciudadano más golpeado por la crisis y se afianza como un Estado dentro del Estado

Son las seis y media de la tarde del miércoles. Las oficinas abren a las siete pero en la puerta hay al menos 20 personas. Muchos ancianos. Una mujer de pelo blanco con un carrito de la compra. Una pareja de mediana edad y un señor de unos 70 años bien trajeado que lleva una pequeña chapa en el cuello de la chaqueta. Es un meandro, una especie de esvástica, y es el símbolo del partido neonazi griego Aurora Dorada. El edificio frente al que estas personas esperan es su sede central en Atenas. Todos los días, durante dos horas, está abierta para atender al público. Es aquí donde, día tras día, Aurora Dorada construye el apoyo popular sobre las ruinas económicas y políticas del país. Si se votara hoy, según todos los sondeos, sería el tercer partido de Grecia.

Sin mirar a la red que el partido ha construido en los últimos dos años no se entiende cómo la formación, que en 2009, en las elecciones europeas, obtuvo menos del 0,5% de los votos, haya podido ganar 18 de los 300 diputados en los comicios de junio y el doble si se celebraran comicios ahora.

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