El ‘hacker’ de la red de venta de datos se adjudica el Centro de Ciberseguridad

Esto no puede ser casualidad. Esto es un tema muy serio, movido desde muy arriba.

Fuente: El País

La UE concedió la creación a la empresa del ‘pirata’ y al Ministerio del Interior

Un hacker en las entrañas de proyectos sensibles del Estado. La empresa de Matías Bevilacqua, de 36 años, el informático detenido e imputado en la trama de compra y venta de datos confidenciales desarticulada por la policía, es una de las adjudicatarias del Centro Nacional de Excelencia de Ciberseguridad que la Comisión Europea acaba de conceder al Ministerio del Interior, al Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (ICFS) y a varias empresas asociadas al mismo, entre las que figura CFLabs. Todos se unieron para conseguir este objetivo.

El Centro Nacional de CiberSeguridad tendrá su sede en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid donde reside el ICFS y se inagurará en septiembre con una subvención de más de 700.000 euros concedidos por la Comisión Europea. Su misión es la formación en ciberserguridad, investigación, las certificaciones nacionales y la creación de unidades de apoyo a las empresas. Hasta ahora solo había dos centros de ciberseguridad en Europa, uno en Montpellier (Francia) y otro en la University College de Dublín (Irlanda). “Es un salto cualitativo de una extraordinaria importancia para España”, asegura Manuel de Juan, director del ICFS.

Lo ha concedido la Comisión Europea y tendrá su sede en la Autónoma

Hasta ahora el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, protege las redes y sistemas de información de las tres administraciones. También colaboran la red de respuesta a incidentes informáticos (CERT), dos centros del mundo académico y uno gubernamental. España es uno de los países que recibe más ataques informáticos, decenas de miles al año,

La empresa de Matías Bevilacqua participa también, de la mano del citado instituto univerditario, en un proyecto para la creación del Laboratorio de Protección Cibernética de Infraestructuras Críticas cuyo objetivo es la prevención y defensa cibernética de las principales instalaciones del país. Manuel de Juan afirma que este proyecto “se ha aparcado” por falta de fondos.

Tras los ataques del 11-S y el 11-M las autoridades comunitarias establecieron un Programa de Infraestructuras Críticas (PEPIC) para proteger los 11 elementos vitales que necesita un país en el caso de un sabotaje terrorista (energía, transporte, agua, alimentos, salud, sistema financiero etc). Cumpliendo esa normativa el Gobierno creó el Consejo Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas que desarrolla los planes para proteger un catálogo de 3500 infraestructuras críticas, más del 80 por ciento de propiedad privada (centrales nucleares, redes de telefonía etc).

El Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad (ICFS), dependiente de la Universidad Autónoma de Madrid, firmó el año pasado un convenio con el Ministerio del Interior en el que entre otros objetivos figura la creación de este Laboratorio de Protección Cibernética de Infraestructuras Críticas y cuya ubicación será la futura sede del ICFS en el campus de la UAM. La empresa propiedad de Bevilacqua, CFLabs, es el laboratorio informático forense “de excelencia” del instituto universitario que dirige Manuel de Juan, según asegura en su página web.

Solo hay dos centros europeos de ciberseguridad, en Francia e Irlanda

La creación de este laboratorio junto a los ya asociados al ICFS e-Crime de la empresa S21sec y Digital Forensic de CFLabs y el programa de Certificaciones Nacionales de Ciberseguridad harán del ICFS y todas las entidades que lo forman uno de los centros operativos de investigación y formación en ciber seguridad más importantes de Europa, según informó entonces la propia universidad.

El convenio lo firmaron José María Sanz, rector de la UAM, y Antonio Camacho, entonces secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Este cargo es el principal responsable del Centro Nacional de Protección de infraestructuras Críticas, un organismo que dirige a nivel operativo el comandante de la Guardia Civil Fernando Sánchez.

De Juan, el director ICFS, asegura que la empresa de Bevilacqua colabora con su instituto porque “son muy buenos” y “nos los recomendó la Policía y la Guardia Civil”. “Siempre preguntamos quienes son los mejores para que trabajen con nosotros. Me ha sorprendido mucho lo que ha pasado. No me lo puedo creer. En esta actividad la legalidad y pulcritud es sagrada”.

¿Qué es CFLabs? La compañía de Bevilacqua es una pyme que se presenta como laboratorio forense de análisis de dispositivos electrónicos especializado en identificar y presentar pruebas electrónicas.

“Está orientado a la obtención de información electrónica y datos con el objetivo de minimizar el riesgo de nuestros clientes en la toma de decisiones, negociaciones internas o en litigio, entre otros”, resume su página web. Fredesvinda Insa y Oriol Rosés, socios del hacker, también están imputados en la denominada Operación Pitiusa. Matías Bevilacqua declinó aclarar a este periódico su relación con la trama que manejó y vendió información sensible de casi todas las instituciones del Estado.

Profesor de magistrados y fiscales

Matías Bevilacqua ha dado numerosas charlas, conferencias y cursos de formación a guardias civiles, policías, detectives, magistrados y fiscales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. La web de CFLabs recoge opiniones favorables a la compañía de José Manuel Maza, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de Francisco J. Hernández, fiscal de delitos informáticos de la Fiscalía Provincial de Granada. Maza les dedica calificativos como “ alta preparación técnica, profesionalidad admirable e intachable honestidad”.

Antes de crear CFLabs el hacker trabajó al frente del departamento de I+D+I en Cybex, empresa informática forense que administraba Juan de La Torre, detective de la agencia Intelligence Bureau. Con algunos de los detectives con los que coincidió entonces trabajaba ahora en los casos por los que ha sido detenido. Según el sumario el informático analizó ordenadores de directivos de Unilever, Minas de Río Tinto y Niscayah por encargo de dichas empresas. Bevilacqua colabora, también, con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según confesó a los policías que le detuvieron en Barcelona. En su declaración policial justificó el hallazgo de 140.000 euros en la sede de su empresa en Barcelona con encargos de Ministerio de Defensa. La trama la integraban un rosario de detectives, guardias civiles, policías, funcionarios, intermediarios, empleados de banca y compañías telefónicas que vendían datos privados.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












Matías Bevilacqua

Espionaje “ingente” en las entrañas del Estado: Más detalles de la CIA en España

Atención al personaje de Matías Bevilacqua, que, como el 99% de los "hackers", trabaja para las agencias de información, en este caso el CNI. A un individuo como este no le podríamos poner a cargo de un Centro de Ciberseguridad, verdad?. Pues espera a leer la siguiente entrada de este blog.

En resúmen, esto no es una red cualquiera, buscando detalles de los famosos para las revistas del corazón. Esto es la punta del iceberg de lo que las agencias de inteligencia hacen para socavar una sociedad... buscar en la intimidad de los personajes incómodos. El resultado es ese "feeling" actual de que nuestra nación es un foco total de corrupción sin solución.

Fuente: El País

La trama desarticulada por la policía disponía de un ejército de soplones tanto en la Administración central como en empresas de telefonía, eléctricas y compañías aéreas

La red de tráfico de datos desarticulada recientemente por la policía en la Operación Pitiusa manejaba un “ingente” volumen de información, según consta en el sumario que instruye un juzgado de Barcelona y al que ha tenido acceso EL PAÍS. La trama tenía comprado a un ejército de informadores en Hacienda, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Instituto Nacional de Empleo, el catastro, la Seguridad Social, Sanidad, Hacienda vasca, Tráfico, Registro de la Propiedad, juzgados, entidades bancarias, compañías eléctricas, empresas de alquiler de coches, agencias de viaje, compañías aéreas, Movistar, Orange e, incluso estaban a punto de conseguir un infiltrado en Visa y otras firmas similares.

La Unidad Territorial de Seguridad Privada de Barcelona inició en mayo pasado una redada que hasta el momento se ha saldado con la detención o imputación de unas 150 personas. Gran parte de ellas son detectives privados que habían tejido una inmensa telaraña de la que formaban parte decenas de funcionarios de la Administración central y autonómica, así como empleados de empresas que manejan datos personales.

Otra pieza clave en la organización es Matías Bevilacqua, un ingeniero informático, un hábil hacker, capaz de penetrar en cualquier ordenador y piratear todo su contenido. Este hombre ha trabajado para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según ha confirmado a la policía el propio servicio de espionaje.

(...)

Ninguno de los 150 implicados está en prisión porque los delitos que les imputan están poco penados, según fuentes policiales. Algunos de ellos están defendidos por abogados penalistas tan prestigiosos como Fermín Morales, Judit Gené y Jordi Bertomeu García.

 

La CIA en España. Más detalles

Atención abajo a la relación entre el CNI (que desgraciadamente es un brazo de la CIA en España) y esta trama. Que no nos vendan la historieta de que es un tema de las revistas de corazón.

Es una forma de desestabilizar el estado español.

Fuente: lne.es

Los alargados tentáculos de la red de tráfico ilegal de datos capitaneada por el asturiano Juan Antonio Rama Menéndez también llegaron al Principado. La trama vendía a empresas y aseguradoras informes confidenciales e historiales clínicos personales procedentes de centros de salud y hospitales de numerosas localidades españolas. Oviedo entre ellas.

La vertiente médica era sólo una parte más de la extensa cartera de productos que ofrecía la red de espionaje a sus clientes, en la que también se incluían datos sobre llamadas telefónicas entrantes y salientes, títulos de propiedad, informes de vida laboral, cotizaciones a la Seguridad Social o informaciones confidenciales sobre empresas. Para ello, el entramado contaba con decenas de soplones distribuidos por el Ministerio de Hacienda, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Instituto Nacional de Empleo, el Catastro, la Dirección General de Tráfico, grandes firmas eléctricas, agencias de viajes, Sanidad o la Seguridad Social. Hasta el momento, la Policía ha detenido o imputado a más de 150 personas relacionadas con una trama que espió a Telma Ortiz, hermana de la Princesa de Asturias; Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, o a la asturiana Susana Monje, presidenta de la constructora Essentium y tesorera del Fútbol Club Barcelona.

(…)

La red de tráfico ilegal de datos encabezada por el asturiano Juan Antonio Rama Menéndez también mantenía estrechos vínculos con agentes del Centro Internacional de Inteligencia (CNI), a los que un grupo de sospechosos de pertenecer a la trama se refería con el nombre en clave de «Los ranas», según consta en el extenso sumario del «caso Pitiusa». El CNI es el organismo público que facilita al presidente del Gobierno informaciones de carácter secreto o confidencial de alto interés para el Estado. En la actualidad está dirigido por Félix Sanz Roldán.

La relación de integrantes de la red de espionaje con agentes del CNI quedó de manifiesto, según se desprende del sumario, cuando estos últimos contactaron con la Policía para interesarse por las detenciones de sus amigos y conocidos. Además, un pirata informático («hacker») argentino, Matías Bevilacqua, que trabajaba para la red, declaró al ser detenido que realizaba encargos «delicados» para el servicio español de inteligencia. A modo de prueba, facilitó a los agentes un número de teléfono asignado a «don Aquiles», nombre en clave de su enlace en el CNI, quien, posteriormente, confirmaría su relación con Bevilacqua.

Según consta también en el sumario, el experto informático argentino logró entrar en los ordenadores de las empresas Unilever y Minas de Río Tinto. La Policía se incautó de 140.000 euros en el registro realizado en la empresa en la que trabajaba. El «hacker» aseguró a los agentes que se trataba de dinero proveniente del Ministerio de Defensa, con el que estaba colaborando.

Además, en una llamada al policía local barcelonés Sergio Corcoles, interceptada por los investigadores del caso, su interlocutor afirma que había conseguido el número a través de un «amiguete del CNI», lo que hace suponer que Corcoles mantenía relaciones con el servicio de inteligencia y que, incluso, intercambiaba información confidencial con sus agentes.

 

Juan Antonio Rama, a la derecha, en una fotografía de vigilancia policial obtenida en Aranda de Duero

 

La CIA en España. La infanta Cristina también fue espiada

Más sobre el tema:
Urdangarín y la CIA. Continúa el linchamiento de la Familia Real española.
Red de espionaje en España.


Fuente: Interviu

El CNI reclama los datos de detectives y clientes implicados en la ‘operación Pitiusa’ porque “afectan a la seguridad nacional”

No fue solo Telma Ortiz, la hermana de la princesa Letizia. Uno de los detectives implicados en la ‘operación Pitiusa’ espió a la infanta Cristina y trató incluso de entrar en su correo electrónico privado. Por eso el servicio secreto quiere hacerse con los discos duros que la policía se llevó de los despachos de los detectives, y también porque contienen información sobre políticos que fueron espiados.

La infanta Cristina fue uno de los objetivos de la trama de espionaje y tráfico de datos personales desmantelada por la policía en la operación Pitiusa, según confirman a esta revista fuentes de la Seguridad del Estado. Ciento ochenta y nueve personas –entre ellas, funcionarios de Hacienda, de la Seguridad Social, policías locales, guardias civiles y noventa detectives privados– están implicadas en la red, que compraba y vendía datos personales, de cuentas corrientes, vida laboral e informes médicos de miles de personas. Entre los objetivos de la trama, como desveló interviú (ver número 1.887), estuvo también Telma Ortiz Rocasolano, la hermana de la Princesa de Asturias y concuñada de la infanta Cristina.

En el caso de la infanta Cristina, fuentes de los servicios de información del Estado explican a esta revista que un hacker –un experto pirata informático– intentó acceder a su correo electrónico personal y monitorizó distintas redes sociales para comprobar si la duquesa de Palma utilizaba alguna de ellas bajo seudónimo. De hecho, la investigación se centra ahora en varios hackers que podrían haber hecho lo mismo con otras personas.

Nota de Nonius451: El CNI reclama los datos para saber hasta dónde están pillados...

 

Red de espionaje en España.

Hace pocas semanas, vimos alguna noticia medio escondida en algunos medios donde se hablaba de 150 personas detenidas en toda España involucradas en una red de espionaje. Curiosamente no se ha mencionado en el diario El Mundo ni tampoco en el ABC (o por lo menos yo no lo he encontrado) y sí ha aparecido en El Pais, Confidencial.com  y otros medios.

Esta es la transcipción de lo aparecido en El Pais el pasado 25 de junio. Como se puede ver, parece casi una noticia relacionada con el mundo del glamour y el corazón:

La hermana de la Princesa, espiada por traficantes de datos



Detectives, funcionarios y empresarios, entre los 150 detenidos por la policía


Telma Ortiz, hermana de la princesa Letizia, fue víctima de una enorme red de venta de datos confidenciales que fue desarticulada por la policía a lo largo del pasado mayo. En la Operación Pitiusa, dirigida por la sección de Seguridad Privada de la Jefatura de Policía de Barcelona, han sido detenidas hasta ahora más de 150 personas, entre las que hay numerosos detectives privados, policías, guardias civiles, mossos d’esquadra, funcionarios de Hacienda y de la Seguridad Social, altos directivos de varias empresas de telefonía móvil y abogados de importantes bufetes de Barcelona y Madrid, según fuentes policiales. En el entramado había un hacker, que a veces ha trabajado para el CNI, que era capaz de penetrar fácilmente en el correo electrónico de cualquier persona (previo pago, claro), sin ningún escrúpulo.


Entre los perjudicados por esta actividad ilícita de comercio de información privada está Telma Ortiz, cuyos datos sobre su vida laboral fueron vendidos a un detective privado, según publica en su último número la revista Interviú. Según las fuentes informantes de EL PAÍS, fue una empleada pública de Barcelona la que extrajo todos esos datos sobre el sueldo y demás circunstancias laborales de la hermana de la Princesa con destino a facilitárselos a una televisión interesada en airearlos.

(...)


Otro de los espiados por esta extensa organización fue Ignacio López del Hierro, esposo de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha. López del Hierro y otros cuatro consejeros de la empresa Neoris fueron grabados y espiados mientras almorzaban en septiembre del año pasado en un restaurante madrileño, según fuentes de la investigación.


Las investigaciones comenzaron a principios de 2011, cuando la policía supo que un exdetective privado, que en la actualidad es policía local en Santa María de Palautordera (Barcelona), estaba supuestamente vendiendo datos de coches, DNI, antecedentes policiales, etcétera.


Las pesquisas desarrolladas durante más de un año confirmaron la existencia de una red, una especie de telaraña dispersa por toda España. Por algunas de las informaciones cobraba entre 30.000 y 40.000 euros. Un informe sacado de la Seguridad Social o de Hacienda costaba hasta 8.000 euros. Un informe médico sobre una persona valía 800 euros, mientras que la banda pagaba 40 euros al policía que le facilitara los datos de un DNI.


En algunos casos, la compra de información confidencial estaba destinada a extorsionar a los afectados, entre los que hay desde directivos de importantes multinacionales como Unilever hasta simples trabajadores.


La banda tenía ramificaciones en Madrid, Cataluña, Euskadi, Galicia, Asturias, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria y la Comunidad Valenciana.

Sin embargo, debemos detenernos un segundo en la noticia, y no dejarnos llevar por el tono, que parece digno de  "Corazón, Corazón".

• 150 detenidos en toda España.
• Un miembro del CNI involucrado (nadie es miembro temporal del CNI. El que "a veces" trabaja para el CNI es que "pertenece" al CNI). En realidad deberíamos decir por lo menos uno.
• La red pretendía pedir a sus contactos hasta 3.000 expedientes al mes (!!)

Lo curioso es que en el artículo se dice que todo esto lo hizo una 'banda', y tilda la venta de toda esta información de 'comercial'.

No veo qué valor comercial pueden tener los datos laborales de la cuñada del príncipe, aunque es obvio su potencial valor político. Sólo esto bastaría para apuntar a un servicio de inteligencia. Pero no. El País deja muy claro que no es más que una banda...

 

Y a partir de aquí cabe preguntarse ¿estaban espiando también al Rey y al Príncipe, y a Urdangarín, y a Garzón, y a José Blanco, y a MAFO, y a los consejeros de las cajas de ahorro y de los bancos, y Dívar, a Contador, y a Marta Domínguez, y a... un largo etc.?

 

Ahora se puede entender cómo es posible que el expediente militar de Iñaki Urdangarín ande pululando por internet, como mostramos en Nonius451 en la entrada: Urdangarín y la CIA. Continúa el linchamiento de la Familia Real española.

Quizás deberíamos enlazar esta noticia con lo que describíamos en Nonius451 cuando hablábamos de: El día en que perdimos lo que quedaba de nuestra soberanía, donde se explica que hace unos años se autorizó al servicio secreto de los Estados Unidos a actuar en nuestro territorio, no sólo fuera de sus bases militares, sino también investigando a personas ajenas a sus fuerzas armadas. La conclusión que sacábamos era que mientras no controlemos el trabajo de estos señores seguiremos vendidos como sociedad o como país.

Confiemos en que algo cambie, aunque si la prensa no ha podido comunicar la noticia, es que seguimos controlados.