Otra muestra más de privatización de lo que funcionaba bien pero se encontraba fuera de las garras de las corporaciones anglosajonas. En este caso, Capio, empresa de origen sueco pero que pertenece al grupo estadounidense de capital riesgo CVC Capital Partners, que posee también negocios como Cortefiel, Fosters Hollywood, Cañas y Tapas, La Vaca Argentina, o Itevelesa, ninguno de los cuales pienso volver a pisar. Más sobre Capio
Más sobre Capio Sanidad, en El Pais
Me gustaría que los partidos de izquierdas que se presenten a las próximas elecciones tengan el coraje de proponer la expropiación, por el bien público, de todas las instituciones sanitarias actualmente privatizadas.
Fuente: ElMundo
El contrato que la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha firmado con el grupo privado Capio para que éste le alquile siete mamógrafos de última generación asciende a casi siete millones de euros durante los próximos cuatro años; una cifra que le reportará un amplio margen de beneficio al grupo hospitalario y que ha provocado la dimisión en bloque de la junta provincial de Madrid por discrepancias con la presidenta nacional de la ONG, Isabel Oriol.
Según ha podido saber EL MUNDO, la AECC pagará al grupo privado de hospitales 6.860.714 euros para que le alquile siete equipos de mamografía digital hasta mediados de 2016 con los que se realiza el programa de detección precoz del cáncer de mama en la Comunidad de Madrid. Según un estudio de mercado encargado por la Junta provincial con tres grandes compañías del sector (Siemens, General Electric y Lorad, a quien Capio se los comprará finalmente), el arrendamiento de equipos digitales para ese periodo apenas alcanza los dos millones de euros.
De esta manera, aunque Capio se hará cargo también en estos cuatro años (ejercicios 2013-2016) de las nóminas de los ocho administrativos que realizan la citación de las pacientes (y cuyos contratos serán subrogados a Capio en las mismas condiciones que tenían), además de seis personas más que contratará por su cuenta, el margen de beneficio podría acercarse a los tres millones de euros. Un portavoz de Capio ha confirmado a ELMUNDO.es que la ONG entregará a la compañía 140.000 euros al mes (sin IVA) durante los dos primeros años, 128.334 euros mensuales durante todo 2015 e idéntica cantidad durante la primera mitad de 2016. En total, 6.860.714 (IVA incluido) por "el servicio de arrendamiento de los mamógrafos de altas prestaciones" así como por hacerse cargo del servicio de citas ("es una especie de call center").
La prestación de las mamografías en la Comunidad seguirá corriendo a cargo de la sede madrileña de la AECC, que podría tener que poner de su bolsillo 2,6 millones de euros para la ejecución del programa en estos cuatro años, según fuentes de la ONG en la capital que el director general, Ricardo Carramiñana, ha preferido no valorar. Carramiñana sí ha insistido en que el contrato se limita al "arrendamiento de las prestaciones accesorias" y que la AECC mantiene su compromiso para respetar la "legalidad y legitimidad" con la Comunidad.
Dimisión en bloque
La firma de este acuerdo ha provocado en el último mes fuertes tensiones entre la Junta central de la AECC, encabezada por su presidenta, Isabel Oriol, y la Junta madrileña; cuyos 11 miembros del Consejo dimitieron en bloque el pasado 5 de diciembre en apoyo de su presidenta, Silvia Meléndez Camacho, cesada por su oposición al acuerdo con Capio. En su carta de dimisión a Isabel Oriol le critican "su absoluta falta de transparencia con motivo de la firma del contrato con la entidad privada Capio del que pudieran derivarse perjuicios para la imagen de la AECC, así como para la supervivencia financiera de la Junta de Madrid".
Uno de los miembros del consejo que ha dimitido es el doctor Miguel Martín, jefe del servicio de Oncología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. "He percibido comportamientos por parte de ciertos miembros de la Junta Nacional hacia la ex-presidenta de la Junta de Madrid, Silvia Meléndez, ciertamente incomprensibles. Puedo dar fe de que ella ha hecho una extraordinaria labor en Madrid, desinteresada [el suyo, como el de Oriol, son cargos no retribuidos], sin atribuirse méritos ni medallas (...). Me temo que algunos responsables de la Junta nacional no se ajustan precisamente al perfil de comportamiento de Silvia y han decidido prescindir de ella porque les resultaba molesta", asegura con dureza preguntado por este periódico. "Pienso que la Asociación tiene un grave problema actual, que me temo no se resolverá mientras no se produzcan cambios relevantes en el seno de la Junta Nacional", concluye.
Contrato con la Comunidad de Madrid
A pesar de que al iniciar su mandato en 2008 la presidenta de la AECC, Isabel Oriol, manifestó su intención de ir cediendo progresivamente este servicio a las comunidades autónomas a medida que fuesen concluyendo los convenios, la Consejería de Sanidad de Madrid le solicitó en marzo de 2012 que mantuviese este servicio unos años más, aunque, eso sí, con mamógrafos digitales más modernos y precisos. En julio, la asociación oncológica firmó un acuerdo con la Comunidad por el que percibirá 11,3 millones de euros hasta 2016 por hacerse cargo del servicio de detección precoz del cáncer de mama en la región (que cubre a más de 100.000 mujeres), aunque en ese mismo momento se iniciaron las conversaciones para buscar un socio que asumiese el coste de modernizar los equipos.
La opción de ceder el contrato a un socio mercantil generó malestar en la Consejería (además de un informe jurídico contrario por parte de un bufete de abogados), y tras meses de tira y afloja, la ONG se ha decantado finalmente por un contrato de "prestación de servicios" con Capio, que le alquilará los mamógrafos por un precio que fuentes de la dimitida Junta directiva madrileña consideran "abusivos e inflados". "Le vamos a pagar siete millones a Capio cuando podíamos haberle pagado sólo dos a Lorad por la digitalización", señalan fuentes de la AECC en Madrid. Hasta ahora, los beneficios que obtenía la ONG del convenio con la Comunidad repercutían directamente en el resto de programas de la asociación con pacientes con cáncer, un dinero con el que no contarán a partir de ahora. "La entrada de Capio no estaba justificada, la operación va a enriquecer a la empresa a cambio de empobrecer a la Junta provincial de la AECC en Madrid", critican estas mismas fuentes.
El contrato con Capio incluye una cláusula por la que se penalizará con dos millones de euros la suspensión unilateral del acuerdo por parte de cualquiera de las partes. Consultada por este periódico, la Consejería que dirige Javier Fernández-Lasquetty se ha limitado a señalar: "Nosotros con quien hemos firmado el programa es con la AECC, lo que hagan ellos es su problema. Que hagan lo que quieran, pero quien debe hacer el programa de detección precoz del cáncer es la asociación".
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