domingo, 9 de septiembre de 2012

Las desigualdades, origen de la crisis económica

Aunque al artículo le faltan algunos matices importantes, se acerca mucho a la correcta descripción de lo que yo también considero que es origen de los problemas económicos de un pais: La desigualdad económica.

Y quiero recordar de nuevo el tremendo error de Navarro al promover la excluyente bandera republicana como bandera que represente a la sociedad española, teniendo en cuenta además su origen masón.



Este artículo señala como el crecimiento de las desigualdades, causadas primordialmente por la aplicación de políticas neoliberales a los dos lados del Atlántico Norte, durante los últimos treinta años, ha sido una causa mayor en la génesis de la crisis financiera y económica actual. El artículo concluye que a no ser que este enorme crecimiento de las desigualdades se reduzca, no podrá salirse de la crisis.

Como indiqué en un artículo anterior “El enorme crecimiento de las desigualdades” (Público, 09/08/12), las políticas del New Deal establecidas por el presidente Franklin Roosevelt, continuadas por otros presidentes de EEUU y también desarrolladas en la Europa Occidental durante el periodo anterior a 1980, consistieron en el desarrollo de unas políticas fiscales progresistas; en una expansión del gasto público, incluido el social; en un aumento de los salarios y de la protección social; en un intervencionismo del Estado regulando el mercado de trabajo, los sectores financieros y la economía productiva, medidas todas ellas que determinaron un gran crecimiento de la capacidad adquisitiva de la población y muy en particular de las clases populares (clases trabajadoras y amplios sectores de las clases medias). A los dos lados del Atlántico (excepto en el sur de Europa, dominado por sistemas totalitarios de ultraderecha) el ingreso familiar se dobló del 1947 al 1973. Y En EEUU, la renta total que poseía el 1% más rico de la población, bajó del 24% en 1928 a un 10% a mediados de los años setenta. Era la época que muchos han llamado la época dorada del capitalismo. Esta elevada capacidad adquisitiva significaba una gran demanda doméstica, que era el motor de la economía en la mayoría de países ricos.

Ahora bien, en los años setenta, varios hechos estaban confluyendo. Uno es que las demandas del movimiento obrero estaban escalando a nivel nacional e internacional. En contra de lo que suponen los ultrarradicales dentro de las izquierdas, las conquistas sociales no coaptaron a la clase trabajadora (como tales voces insisten), sino que les dieron más poder para escalar el nivel de su demanda. Cuando un trabajador no tiene trabajo, lo primero que quiere es conseguir trabajo. Una vez tiene trabajo, desea tener un buen salario y unas buenas condiciones de trabajo, y cuando tiene esto último, pide una voz en la dirección de la empresa. Esto es lo que ocurre en cada país. Y donde este gradiente de peticiones alcanzó su máxima presión, fue en Suecia, con el plan Meidner, que consistía en que se establecía un fondo general a nivel de cada empresa, con el cual se deseaba (comprando las acciones de la propia empresa) controlar las grandes empresas, llegando a poseerlas. El que en muchos países se hubiera conseguido pleno empleo (que dio gran poder a la clase trabajadora) alarmó al 1% de renta superior del país, concretamente a lo que en EEUU se llama la Corporate Class (clase corporativa) que incluye la burguesía financiera y empresarial. El presidente Reagan y la Sra. Thatcher fueron la respuesta del 1% a esta percepción de amenaza. Hay que recordar que lo primero que hizo el presidente Reagan fue despedir a los empleados y trabajadores del tráfico aéreo, llamando al Ejército a sustituirlos. Lo mismo ocurrió en Gran Bretaña cuando la Sra. Thatcher intentó derrotar las huelgas mineras, y con ello debilitar a todo el mundo sindical. Lo mismo, por cierto, está ocurriendo en España, donde el gobierno Rajoy intenta derrotar a los mineros como medida de destrucción de los sindicatos.


Además de su ataque al movimiento sindical, el neoliberalismo –la ideología de las elites financieras y económicas- impuso las políticas públicas que redujeron los salarios (en EEUU, el salario horario descendió desde el año 1979 al 2007) y el gasto público, incluyendo el gasto público social, que creó un enorme agujero de la demanda. Este agujero alcanzó su máxima expresión en la explosión de las burbujas, y muy en particular de las burbujas inmobiliarias (en EEUU y España). Este descenso de los salarios requirió –a fin de sostener la demanda doméstica- un gran endeudamiento que pasó de representar el 59% del ingreso familiar en 1982 a un insostenible 126% en 2007. El enorme endeudamiento de las familias está basado precisamente en esta reducción de la capacidad adquisitiva de la población, lo cual ha ocurrido también en España.

El descenso de los salarios se hizo a costa del aumento de los beneficios empresariales. Así, los beneficios de las grandes empresas (no financieras) fue, durante el periodo 1979-2007, un espectacular 255%. Estos grandes beneficios que aumentaron espectacularmente las rentas del 1% de la población, se depositaron en bancos que los utilizaron en gran medida en actividades especulativas, facilitadas por la desregulación del capital financiero. En EEUU y en España, las actividades más especulativas eran las inmobiliarias y los fondos de elevado riesgo. Ello fue una de las causas del enorme crecimiento de la banca. La otra fue el ya citado endeudamiento de las clases populares.

Este enorme crecimiento de la banca ha sido muy negativo, y ha sido una de las causas de la enorme concentración de las rentas y del crecimiento de las desigualdades. En realidad, la concentración del propio capital financiero (facilitado por la concentración de las rentas) es una de las características de lo ocurrido y ha sido la causa mayor de la enorme crisis que estamos sufriendo. Es de gran urgencia que tal sobredimensionado sector financiero (que hoy no está haciendo lo que debería hacer: provisionar crédito) se reduzca considerablemente, gravándolo masivamente y exigiendo una acción pública más intervencionista (incluso estableciendo bancas públicas) para garantizar el crédito.


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