No creo compatible celebrar la “valentía” del Gobierno a la hora de tomar “medidas audaces”, con lo explicitado por Rajoy en el hemiciclo sobre que no tenemos margen para hacer otra cosa. Si los mercados financieros internacionales, a través de la Unión Europea, han eliminado nuestra “libertad de elección” como país democrático, entonces prefiero una intervención clásica, con Gobierno de tecnócratas impuesto por la troika, aunque solo sea para pedir responsabilidades a quien mueve, de verdad, los hilos de las decisiones.
Mi tesis, sin embargo, es que sí hay alternativas. Desde el “giro” de mayo de 2010 (muchos dijeron que Zapatero debió dimitir antes de aceptar esa imposición, frente a la que Rajoy se presentó entonces como “alternativa”, para acabar ahora en más de lo mismo) hasta ahora, nos hemos movido dentro del mismo enfoque equivocado de política económica: el que nos ha llevado a esta grave situación tan bien sintetizada por el Presidente: los mercados de crédito están cerrados para España. Y necesitamos crédito, mucho crédito, aunque solo sea para refinanciar el importante volumen de deuda que tenemos como país y pagar el circulante.
El Gobierno ha elegido su política económica entre las siguientes alternativas:
- Entre salvar a la economía real o salvar a la financiera, ha optado por lo segundo, mediante sucesivas rondas de restructuración y recapitalización bancarias (hasta un 20% del PIB) que no han arreglado los problemas de solvencia en el sector (el rescate y sus 32 condiciones, como evidencia) pero han secado el crédito a empresas y familias sumiéndolas en una crisis inducida.
- Entre defender a los deudores o plegarse a las exigencias de los acreedores, decide lo segundo. En el rescate griego, por ejemplo, se introdujeron quitas obligatorias para que los prestamistas asumieran, también, su parte de responsabilidad en la generación del endeudamiento.
- Entre primar la solvencia de la deuda pública (30% del total) o hacerlo con la privada (70% del total) se inclina por lo primero ya que el ahorro público se consigue, en buena medida, a costa de recortar el ahorro privado tras bajar la renta disponible, generando una transferencia de ahorro privado al público.
- Entre restructurar la deuda utilizando el dinero fresco del rescate para relanzar la actividad mejorando los ingresos (crecimiento) y organizar una quiebra más o menos ordenada del país (austeridad máxima) opta por lo segundo, aunque ello lance intensas sombras de duda a los mercados sobre el potencial remanente para generar ingresos que es, al final, lo que permitirá pagar la deuda.
- Por último, entre diseñar un Plan Estratégico de país, pactado entre los accionistas y con un reparto equitativo de sacrificios en función tanto de las posibilidades como de las responsabilidades en la generación del problema (Pactos de Estado) y la duda, la rectificación, el grito partidista, para acabar en la imposición autoritaria de lo que, a su vez, nos imponen desde fuera, es claro que ha elegido lo segundo.
En estos meses hemos acumulado algunas evidencias de entre las que quiero destacar dos: primera, el camino seguido hasta la fecha nos ha conducido a la actual intervención. Es decir, haciendo lo que se ha hecho, tal y como se ha hecho, hemos fracasado, no hemos generado confianza en los mercados internacionales (prima de riesgo en niveles históricos), ni en los nacionales (bolsa de valores al mínimo). No creo que más dosis de la misma medicina equivocada, sea la solución.
Segunda conclusión, los problemas existentes tenían una respuesta alternativa (como hemos defendido desde esta columna), que se ha menospreciado, hasta que el rescate las ha impuesto: la creación de un “banco malo” que concentre activos tóxicos inmobiliarios; rebaja de cotizaciones sociales a cambio de subidas en otros impuestos, como forma mejor de hacer la devaluación interna de costes; aplazamiento en el imposible calendario de cumplimiento de los objetivos de déficit público.
El giro de rumbo era, pues, necesario y solo las anteojeras partidistas evitaban verlo. Tengo dudas, sin embargo, de que hayamos girado en el sentido adecuado. Dicho de otra manera, no creo que las condiciones impuestas por los prestamistas “obliguen”, con este detalle, a rebajar el sueldo a funcionarios, sin diálogo, recortar el seguro de desempleo, así, eliminar la atención sanitaria a los “sin papeles” o reducir las ayudas por la dependencia, a la vez que se potencian las Diputaciones (cuando se habló de suprimirlas) o se facilita una vergonzosa amnistía fiscal a los grandes evasores. Tampoco creo que la troika impida al Gobierno hablar, dialogar, negociar e intentar pactar las medidas, como pidió el líder de la oposición. Por tanto, aunque nuestra mala gestión de las cosas hasta la fecha nos haya conducido a una situación en que se ha reducido mucho nuestro margen de maniobra sobre los objetivos, el Gobierno sigue siendo “libre” para articular un ajuste distinto en instrumentos y diferente en su forma de hacerlo.
Por último, insiste el Presidente en la retórica épica de que este es el “único camino”, aunque lleno de sacrificios inevitables, para llegar al paraíso del empleo. No lo creo, ni hay evidencias empíricas que lo avale. Seguimos, más bien, un camino que conduce a una quiebra ordenada, donde la junta de acreedores asume el control, e impone condiciones para recuperar todo lo que pueda de su deuda, aunque con ello liquide la compañía. Pero no hay, de momento, un plan de restructuración de la actividad de la empresa-país, que haga viable el proyecto a medio plazo. Sin medidas explícitas de reactivación selectiva de la economía, aprovechando el dinero nuevo del rescate, será imposible crecer en plazo y forma, como para garantizar adecuadamente que se puede hacer frente a las deudas, sin provocar el cierre del país. De todo eso estamos hablando, sin que podamos perder (o entregar) esa libertad que nos identifica como ciudadanos con derechos y no solo como los deudores a que nos quieren reducir el Gobierno. Si estábamos al borde del precipicio, ¿no habremos dado esta semana un paso al frente?
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